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Saturday, February 11, 2012
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En estos días han aparecido numerosas menciones a D. Modesto Lafuente en este medio, sobre su obra, su vida, conferencias en su homenaje, etc…Y es que en Mayorga todos se arrogan su memoria, y aparénteme la honramos a través de calles, edificios (el centro cívico), pero esto es pura apariencia y la realidad es otra bien distinta.

Poner el nombre de Modesto Lafuente al centro cívico es algo anecdótico y sobre todo un acto de “quedar bien” con el municipio y los herederos de la familia, pero ¿que tiene que ver ese centro cívico con Modesto Lafuente o con su familia?.

La casa actual nada tiene que ver con la que hubo en ese lugar, que era un edificio catalogado. El actual edificio rompe con la estética uniforme de la calle derecha, y lo único que mantiene del Historiador es el nombre.

Pero lo más indigno son los medios que utilizó el alcalde en las negociaciones para adquirir el inmueble, como también lo han sido en otros varios casos. Los medios se repiten en diferentes adquisiciones que ha hecho el consistorio; en el primer acercamiento pide que se done al municipio argumentando que la familia propietaria del inmueble suelen ser familias acaudaladas, ante la negativa lógica por parte de la familiar, amenaza con la expropiación de manera inmediata, e incluso en algunos supuestos la amenaza conlleva la apertura de un expediente de declarar en ruina el inmueble para que pierda valor con el perjuicio que eso supondria para los propietarios.

Ante estas amenazas, los propietarios acceden a la venta o a la cesión, y es que el Alcalde tiene medios para litigar, además del aparato administrativo del Ayuntamiento a su favor.

Todos entendemos que esas no son formas de hacer las cosas, y menos por las autoridades de un municipio, y que son formas más propias de la Mafia de Chicago de los años 20.

Con estos modos solo se consigue crear enemistades y animadversion hacia las instituciones publicas a una de las cuales, el Ayuntamiento, el alcalde representa.

El procedimiento de la expropiación es totalmente legal en nuestro ordenamiento jurídico, pero también caben otros mecanismos para adquirir los inmuebles por la vía negociada, pero lo que no permite nuestro ordenamiento jurídico son las amenazas ni las coacciones, ni las negociaciones con trampa.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

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